Goya: Ante el aborto como política pública el obispo pidió interiorizarse y sea objeto de debate

Interior - 28/02/2020

Monseñor Adolfo Ramon Canecin, adhiere a la declaración titulada “Ante el aborto como política pública”, emitida por las facultades de Derecho de las Universidades Católicas en la Argentina en la que evidencian la decisión del Poder Ejecutivo Nacional  de hacer del aborto, un pretendido derecho garantizado por el Estado, una política pública.  El prelado pidió “puedan leer y hacer llegar a todos los profesionales del derecho” de cada departamento de esta diócesis.

 

“Que esta declaración lo socialicen por todos los medios de comunicación social, que lo hagan objeto de lectura y debate en sus respectivas jurisdicciones” y profundizo que los agentes pastorales se  “empapen” del tema y deseo que “todo esto nos ayude a organizar en sintonía con la propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina, la misa u otra actividad por el dia de la Mujer y por la Vida” prevista para el 8 de marzo, anticipando que él presidirá la Misa en la Catedral de Goya en  “comunión” con la Misa en Lujan.

 

En una declaración titulada “Ante el aborto como política pública”, las facultades de Derecho de las Universidades Católicas en la Argentina pusieron en evidencia la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de hacer del aborto, un pretendido derecho garantizado por el Estado, una política pública.

 

En respuesta a esa situación, consideran un deber “ofrecer una respuesta jurídica acerca de la importancia del derecho a la vida y su protección constitucional desde la concepción en el ordenamiento jurídico argentino”.

 

“El hecho de anunciar, al mismo tiempo, medidas para la protección de la madre y el niño desde la concepción revela una flagrante contradicción y no legitima la grave decisión de impulsar el aborto como objeto de la política de salud pública. Conforme a la Constitución, en realidad, dicha protección integral de la madre y el niño por nacer debiera ser el único objetivo de toda política pública en este campo”.

 

“Entre tanto ello sea considerado por el Congreso de la Nación, el ‘Protocolo’ citado aprobado por la Resolución 1/20 del Ministerio de Salud configura una virtual legalización del aborto a demanda, asumiendo el PEN atribuciones exclusivas del Congreso, reglamentando por una norma administrativa la práctica – de hecho - el aborto libre (no se exige probar circunstancia alguna invocada) y sin limitaciones de plazo durante el embarazo”, detallan.

 

“Todo ello a pesar del rechazo por el mismo Congreso de la Nación el 9/8/18 del proyecto de ‘Interrupción Legal del Embarazo’ (ILE), que el PEN impone ahora mediante una norma administrativa, por ello mismo doblemente inconstitucional”, advierten.

 

En su declaración, analizan los argumentos a favor del aborto, el fundamento jurídico por el cual el Poder Ejecutivo asume atribuciones propias del Congreso y pretende “transformar un delito en un derecho y garantizar su ejercicio por el Estado”.

 

Esta pretendida “política de salud pública” por la despenalización y legalización del aborto, “exige un adecuado fundamento jurídico constitucional en el campo de la protección de los derechos humanos que no aparece ni en la jurisprudencia ni en la doctrina”, advierten.

 

“A la luz de todo lo anterior resulta necesario el más amplio y profundo debate acerca de cuál es el contenido y alcance del orden jurídico constitucional argentino vigente en materia del derecho a la vida del niño por nacer”, consideran.